Los profesionales de Servicios a la Comunidad en los protocolos específicos de actuación en materia de atención a la infancia y la adolescencia (I)

En este artículo voy a analizar el papel del profesorado de Servicios a la Comunidad en los protocolos que la administración educativa ha redactado para afrontar situaciones tan diversas como el acoso escolar, el maltrato infantil o la violencia de género. Estos documentos son:

– Protocolo específico de actuación en supuestos de posible acoso en centros docentes, sostenidos con fondos públicos que impartan enseñanzas no universitarias de la Comunidad de Castilla y León.

– Protocolo de intervención educativa ante riesgo o sospecha de maltrato infantil en el entorno familiar.

– Protocolo de intervención educativa ante sospecha o evidencia de un caso de violencia de género.

Todos estos protocolos se engloban en el desarrollo de la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU, ratificada por España en 1990, y se enmarcan dentro de los principios inspiradores del propio sistema educativo, “la transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación” (LOE y LOCE). Responden además a las exigencias normativas de leyes tan diversas como la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor; la Ley Orgánica 8/2015 y la Ley 26/2015 de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia; la Ley 14/2002 de Promoción, atención y protección a la infancia de Castilla y León; la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género; la Ley 13/2010 contra la Violencia de Género en Castilla y León; y el Decreto 51/2007 por el que se regulan los derechos y deberes de los alumnos y la participación y los compromisos de las familias en el proceso educativo, y se establecen las normas de convivencia y disciplina en los centros educativos de Castilla y León, y el resto de normativa autonómica sobre convivencia escolar.

Protocolizar la respuesta ante determinadas situaciones que se pueden dar en el ámbito educativo tiene muchos beneficios. El primero de ellos es dar la visibilidad necesaria y merecida a problemáticas escolares y sociales ante las que la escuela tiene una responsabilidad como institución educativa. Por una parte la escuela es responsable de lo que ocurre en su espacio y a todos y cada uno de los miembros de su comunidad. Y por otra parte como espacio preferente para la prevención, la detección y la resolución de los conflictos o situaciones problemáticas que puedan surgir en su seno.

Pero la base de la eficacia de estos protocolos es la existencia de un clima de convivencia positivo, y sobre todo de confianza y de respeto a la diversidad, para que las situaciones problemáticas sean cada vez menos frecuentes y que cuando se produzcan, que exista el clima de confianza necesario para su rápida detección y resolución. Ningún protocolo de detección será lo suficiente bueno y/o potente como para sustituir un clima educativo basado en la confianza de todos sus miembros. Esto no quiere decir que no sean necesarios los protocolos, pero nunca pueden ser el objetivo final.

En los casos que vamos a analizar, la elaboración de los protocolos parte de la iniciativa de la administración educativa que asume su responsabilidad y facilita a los centros educativos una herramienta para la resolución de las situaciones sobre las que pone el foco de atención. Pero la experiencia nos lleva a concluir que las actuaciones implementadas por iniciativa de la administración educativa, no siempre empapan la cultura de los centros, que lo pueden vivir como una injerencia o como otra fuente de papeleo y burocracia. Para que los protocolos sean efectivos es necesaria la implicación de todos los agentes educativos que operan en la escuela: docentes, alumnado y familias. Ese es el reto de los equipos directivos, que para sacar el máximo potencial de los protocolos tienen que lograr insertarlos en la cultura escolar como reflejo de los valores de libertad personal, responsabilidad, ciudadanía democrática, solidaridad, tolerancia, igualdad, respeto y justicia, que deben guiar el sistema educativo. De esta manera se logrará que su adecuada implementación no dependa de un pequeño grupo de profesorado o de un equipo directivo, sensibilizado y motivado, que por diversas circunstancias (laborales, vitales,…) pueden dejar de realizar la tarea que estaban llevando a cabo en el centro.

Por otra parte, antes de continuar, vamos a profundizar en las funciones que tiene asignadas el profesorado de Servicios a la Comunidad tanto en los Equipos como en los Departamentos de Orientación, con el fin de calibrar la importancia de esta figura profesional en el trabajo de atención y protección de la infancia y la adolescencia. Haciendo un extracto de la legislación vigente que regula nuestras funciones, se podrían agrupar y definir de la siguiente manera:

– En relación al entorno:

Favorecer el conocimiento del entorno. Identificar, informar y asesorar sobre los sistemas de protección social, los recursos educativos, sanitarios, culturales, sociales, o de otra índole existentes, y colaborar en el establecimiento de vías de coordinación y colaboración, procurando el máximo aprovechamiento de los recursos sociales comunitarios.

– En relación a las familias:

Aportar criterios sobre la evaluación del contexto familiar y social, y colaborar en el fomento de las relaciones entre el centro y las familias. Informar a las familias de los recursos y programas educativos y socioculturales del centro educativo y del entorno donde se ubica con el objeto de mejorar la formación del alumnado y sus familias. Participar en las tareas de orientación a las familias y de integración e inserción social del alumnado, que se lleven a cabo en el centro.

– En relación al alumnado más vulnerable:

Proporcionar orientaciones para la atención al alumnado en desventaja socioeducativa. Realizar las actuaciones preventivas y, en su caso intervención, sobre absentismo escolar, abandono temprano de la educación y la formación, integración socioeducativa del alumnado, mejora del clima de convivencia,…

Detectar necesidades sociales y prevenir desajustes socio-familiares que puedan afectar negativamente en el proceso educativo del alumnado.

– Y finalmente, participar en las comisiones específicas que se articulen en función de las necesidades de organización del centro de trabajo.

En el próximo artículo analizaremos con detalle cómo recogen los protocolos las posibles aportaciones del PTSC como parte de sus funciones como miembro de los servicios de orientación que dan servicio a los centros escolares.

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